Contraloría rechaza apelación del concejal paillaquino Miguel Ángel Carrasco

Órgano contralor estimó incompatibilidad de los cargos

Contraloría rechazó la apelación del concejal de Paillaco que fue desvinculado del Servicio de Salud de ese municipio por incompatibilidad de cargos. Además, denuncia que su contratación fue negligencia de quienes la realizaron y además sostiene que para fundarla se alteraron los registros de asistencia.

Así lo sostiene el concejal de Paillaco Miguel Ángel Carrasco en su primera apelación a la Contraloría General de la República, quien tras un oficio presentado de manera anónima, estimó que su cargo en el Departamento de Salud Municipal y su cargo de concejal no eran compatibles.

La apelación presentada ante dicho fallo, sostiene que cuando se realizó el sumario en el Municipío por su caso, no fue entrevistado por el fiscal de la instancia, por lo que no ha tenido la oportunidad de defenderse ante las acusaciones que se le realizan, entre las que cuentan el incumplimiento de sus obligaciones funcionarias relativas a horarios y permanencia en el lugar de trabajo -en su labor de director del Centro de Salud de la Municipalidad de Paillaco-, e incurrió en ciertas conductas que serían constitutivas de persecución laboral.

Sobre las acusaciones, Carrasco sostuvo que su asistencia fue adulterada, -tema ante el cual Contraloría sugiere poner un recurso ante el Ministerio Público-, que las horas no trabajadas como se acusa, fueron compensadas en otras fechas del mismo mes.

Además, agregó que está estudiando tomar la sugerencia de la Contraloría y comenzar acciones legales respecto a la alteración del marcaje que sostiene se cometió por parte del organismo municipal.

Carrasco agregó que presentará una segunda apelación ante el organismo contralor, donde apelará principalmente a que se reconozca la responsabilidad del ente administrativo del municipio, quienes fueron los encargados de realizar la contratación, y que además dicha entidad explique por qué el Municipio nunca hizo llegar su contrato a Contraloría para la toma de razón.