El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, junto al gobernador marítimo, Felipe González, y el equipo de fiscalización de la Dirección General de Aguas, lanzaron este jueves una campaña contra extracciones y obras no autorizadas de agua en el Lago Ranco.
En el marco del plan de fiscalización y monitoreo de ríos, lagos y lagunas anunciado por el ministro García el pasado 7 de enero, durante este verano se realizarán cerca de 20 inspecciones en terreno en las distintas comunas del lago Ranco.
Para estas fiscalizaciones, se realizó previamente un levantamiento de información respecto a los potenciales infractores, y también sobre los distintos usos del agua como el uso doméstico, riego de jardines, plantaciones agrícolas, llenado de piscinas y productos de subsistencia, llenado de piscinas, entre otros.
También se identificaron los sectores con abastecimiento de agua potable rural o con abastecimiento a través de obras de captación individuales de aguas subterráneas o superficiales.
El inicio de las fiscalizaciones se concentró en el sector de Quimán y en las inmediaciones del sector Puerto Las Rosas donde los principales fiscalizados fueron personas jurídicas.
En octubre de 2022 la Contraloría General de la República emitió un informe donde mandató a la DGA a fiscalizar la ribera del lago Ranco, cumpliendo así su rol de policía y vigilancia, pues estableció que existían 43 cañerías de aducción detectadas entre el 2020 y 2021 en las comunas de Futrono, Lago Ranco y La Unión, las que no estarían asociadas a derechos de aprovechamiento de aguas.
Ante este informe, la DGA comprometió una campaña de Fiscalización que se realizará en enero y febrero, en coordinación con la Gobernación Marítima de Lago Ranco, con el fin de notificar en terreno a los posibles infractores y de esta forma hacer el proceso más efectivo.
Cabe señalar que durante el 2022 la DGA de la región de Los Ríos abrió 58 expedientes de fiscalización (investigaciones), de los cuales se resolvieron 48 y 16 resultaron con multas por un total de 737 UTM. A nivel nacional, los expedientes abiertos fueron 1.574, de los cuales 1.262 fueron resueltos y 494 derivaron en multas por un total de 66.842 UTM.
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