Requerir que el fisco financie y extinga las deudas de servicios básicos domiciliarios de los deudores que no tengan ingresos para pagarlos es el objetivo de la resolución 1691, aprobada por la Sala de la Cámara.
La medida va dirigida a los adultos mayores y a quienes estén percibiendo las prestaciones de la ley que establece un seguro de desempleo. Todos ellos con su debida inscripción en el Registro Social de Hogares.
Asimismo, se busca beneficiar a quienes están con la suspensión de la relación laboral o con un pacto de reducción temporal de jornada. Ello, conforme a las causales de la ley que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales.
Se extiende, además, para el trabajador independiente o informal. Esto cuando haya expresado, mediante declaración jurada simple, que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios.
En sus antecedentes se argumenta que la crítica situación económica del país y la acumulación de la deuda de servicios básicos hacen prever que un sector importante de la población se verá, nuevamente, en la imposibilidad de pagar las deudas contraídas durante la vigencia de las leyes que evitaron los cortes de servicios básicos domiciliarios. Tal situación tiene como consecuencia exponer a los usuarios a quedar sin acceso total o adecuado a servicios considerados básicos.
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