La Comisión de Obras Públicas del Senado se encuentra abocada al tratamiento del proyecto ley que regula los Servicio Sanitarios Rurales. Durante la última sesión de ayer miércoles los senadores conocieron la opinión de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas y de los propios dirigentes de la Federación de Agua Potable Rural.
En la ocasión, el presidente de la Comisión de Obras Públicas, senador Alfonso De Urresti, destacó que este proyecto permitirá darle una institucionalidad a los comités de agua potable rural. “Con esta iniciativa podremos proyectar el crecimiento y fortalecimiento de los comités rurales de agua potable. Felicito el trabajo de la Dirección de Obras Hidráulicas como también a la Federación de APRs, quienes nos han ayudado enormemente a precisar esta ley y que ella esté de acuerdo a los requerimientos de este importe servicio” expresó el legislador.
El proyecto en trámite tiene como objetivo fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones comunitarias, incentivar la sustentabilidad financiera del sistema APR, que pasará a ser el Sistema de Servicios Sanitarios Rurales, definir con claridad los diversos roles del Estado, establecer derechos y obligaciones y que el Estado brinde financiamiento de apoyo para la implementación y capacitación de los APR.
La presidenta de la Federación de Agua Potable Rural, Gloria Alvarado, afirmó que “Esta es una normativa que los Cooperativas y Comités anhelan hace largo tiempo, un Proyecto de Ley que regula el funcionamiento de los servicios de agua potable rural y protege el modelo asociativo de gestión comunitaria del agua. No queremos que este modelo sea privatizado, al contrario, aspiramos a que se asegure la continuidad de la administración por Dirigentes de las mismas comunidades del mundo rural”, sostuvo la dirigente.
Cabe destacar, que al año 2014 existían 1.666 organizaciones de agua potable rural entre Comités y Cooperativas. Mediante ellas se entrega agua a un 98% de la población rural, abasteciendo prácticamente un millón y medio de los habitantes. La inversión del Estado en el sector es superior a US $400 millones.
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