Aprovechamiento indebido y una serie de irregularidades tanto administrativas como de control y probidad al interior de la JUNAEB, son parte de las conclusiones que a juicio del diputado y miembro de la comisión investigadora Bernardo Berger (RN), se desprenderían del informe conocido hoy en el plen o d ela Cámara Baja
Durante los últimos 10 meses la comisión investigativa indagó las irregularidades y el presunto fraude al erario público que se habría cometido entre los años 2014 y 2015 al interior de JUNAEB, mediante la intervención en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que habría llevado a una presunta defraudación por una cifra cercana a los 60 mil millones de pesos. Por el mismo tema, a mediados de este año el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella en el 8vo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de fraude al Fisco.
Berger, quien en mayo del 2015 había advertido mediante oficio de la Cámara irregularidades en Los Ríos al interior de JUNAEB por este caso, explicó que al final de este proceso, “lo que se concluye es que una vez más son los niños los más perjudicados por una serie de anomalías que configuran en algunos casos una serie de delitos que deben ser investigados con la mayor diligencia y profundidad por los órganos competentes”.
Agregó que “esperamos que tanto el Ejecutivo como la justicia, a la luz de los antecedentes expuestos agilicen al máximo la persecución de responsabilidades, así como que se entreguen las garantías para que casos como el millonario desvío de recursos que se produjo en la alimentación escolar –sobre los 50 mil millones de pesos en dos años- , no ocurra de nuevo”, señaló Berger.
El informe, en sus 277 páginas, advierte serias “debilidades institucionales” en el control de conflictos de interés. Por ejemplo, señala que “la inexistencia del estatus de fiscalizadores, sumado a la gran cantidad de trabajadores a honorarios, ha generado una ausencia general de responsabilidad por los actos de la Junaeb. Del mismo modo, no ha sido aislado el hecho de que trabajadores o funcionarios de Junaeb aparezcan como asesores, directores o relacionados con empresas a las cuales se han otorgado licitaciones, contraviniendo principios básicos de probidad y transparencia”.
En otro acápite, sostiene que las debilidades de control en los dineros de las polémicas licitaciones son tan evidentes que “se contrapone con la cantidad de recursos que la JUNAEB administra, muy especialmente, respecto del Plan de Alimentación Escolar (PAE)”.
Según antecedentes aportados por la Contraloría a la comisión investigadora, de los 1.100 funcionarios, sólo 65 pertenecen a la planta. En lo particular del PAE, sólo se relacionan con el Programa 91 personas (8,2% de la dotación total), de las cuales 8 son de planta, 75 a contrata y 8 a honorarios.
“Esto es radicalmente opuesto y desproporcionado con el hecho de que del total de los 924 mil 532 millones de pesos que componen el presupuesto de JUNAEB, el 60% se destine al PAE. A mayor abundamiento, este Programa se eleva como uno de aquellos con más alta prevalencia en el total de compras gestionadas por ChileCompras (2,8%) y como uno de los que mayor cantidad de compras realiza en el Sector Educación (28%).
El informe también recomienda cambios en la selección de quienes ingresan a la JUNAEB, y propone que sean en adelante por Alta Dirección Pública. Llama la atención también las 255 faltas administrativas que serían atribuibles al Director Nacional de la JUNAEB José Miguel Serrano, así como a funcionarios con sumarios en curso a petición de la Contraloría.
Berger señaló que estos y los demás antecedentes ya están en conocimiento de los tribunales competentes.
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